FISCALIDAD, ELECCIONES, VIOLENCIA. XXIV TALLER FORUM DE POLÍTICA FEMINISTA

El año 2014, en el que hemos realizado el XXIV Taller de Política Feminista que refleja este libro, cumple seis años del estallido de la crisis financiera y su gestión neoliberal, acumulando desigualdades sociales y de género. Pero también ha acumulado expectativas de cambio en 2015, no sólo por las elecciones locales, autonómicas y generales en España,
sino por el triunfo de Syriza en Grecia que emplaza a un cambio en la política  de la Unión Europea, y por la agenda  de Naciones Unidas, marcada por una reactivación

Beijing+20 de su Programa de Acción para el Avance de las Mujeres en el marco de la cumbre de septiembre 2015   sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las políticas de asignación a cada persona según su necesidad mediante la redistribución vía gasto educativo, sanitario, social, de atención a la dependencia y de pensiones, no pueden contrarrestar la fábrica de desigualdades de la economía globalmente financiarizada, que no cesa de acumular riqueza exenta de impuestos, sin que cada persona contribuya según su capacidad. Por ello, y por abordar desde la perspectiva de género la reforma tributaria de 2014, una parte de este taller se dedica al impuesto que aporta el 42% de los  ingresos del Estado, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Paloma de Villota denuncia la pérdida de progresividad del IRPF desde 1991 por la desgravación paulatina de las rentas de capital -inducida por la globalización financiera y los paraísos fiscales- y la penalización de los 17,4 millones de declarantes de rentas de trabajo. El 42% son mujeres, que en un 73% ingresan menos de 2.000 euros al mes,
frente al 61% de los hombres. De ahí que la subida del mínimo exento o la reducción del gravamen a ingresos bajos afecte más a las mujeres, mientras la reducción del tipo máximo de gravamen es más beneficiosa para los varones. En la EU-28, entre 1995 y 2012 los tipos marginales máximos del IRPF se han reducido en 9 puntos porcentuales, y países como Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania y Rumania han adoptado la tarifa plana con tipos impositivos muy reducidos. En España el tipo marginal máximo ha pasado del 53% en 1992 al 43% en 2010, y la Ley 26/2014 va a beneficiar al 34, 6% de las mujeres y al 33,3% de los varones, va a perjudicar a 19,3% y 27,5%, y será neutral para un 46,2% de mujeres y 38,8% de hombres. Y va a mantener la sesgos negativos de género, como la tributación familiar conjunta que desincentiva el trabajo de casadas con bajos salarios, la penalización fiscal de las familias monoparentales, y los ya excesivos gastos fiscales del IRPF -estimados para 2015 en el Territorio Fiscal Común en 30.000 millones de euros, el 37,8% de lo recaudado- aumentarán por deducciones fiscales 4 5 familiares sin progresividad que, en cambio, repercuten en el recorte de las políticas de atención a la infancia y a las personas en situación de dependencia.

María Pazos señala que la reforma del IRPF reduce la progresividad (menos tramos en la tarifa), mantiene la tributación conjunta para los matrimonios y crea tres nuevas desgravaciones de hasta 100 €/mes por personas a cargo (mayores, menores discapacitados/as y familias numerosas) “alternativas” a los servicios públicos de cuidado. El anuncio gubernamental de que la reforma aumentará el consumo y creará empleo carece de base real, pero los 9.000 millones de euros menos de recaudación por IRPF en 2016 alimentarán la espiral de rebajas de impuestos a las empresas y a las rentas altas, desmantelamiento de los servicios y destrucción de empleos públicos, aumento de la precariedad y la  pobreza por las reformas laborales y la desprotección  social.
La gran asignatura pendiente de nuestro sistema es la inclusión generalizada y continua de las mujeres en el empleo formal a tiempo completo y la inclusión igualitaria de los hombres en las tareas de cuidado, lo que exige un cambio de orientación en las políticas tributarias que incentivan la familia de sustentador masculino/esposa dependiente y las políticas de atención a la infancia y a la dependencia basadas en que las mujeres cuiden sin ingresos ni derechos sociales, ‘mantenidas’ por sus maridos.
Los datos tributarios revelan que los ingresos de  las mujeres son el 74,8% de los de los hombres en las declaraciones individuales, con un tipo impositivo medio del 24% para ambos, y el 63% de los ingresos de sus cónyuges en las declaraciones conjuntas, con un tipo impositivo medio del 26% frente al 21% de los hombres, una anomalía en un  impuesto que debería ser progresivo (los más ricos deberían pagar más porcentaje de sus ingresos), por las esgravaciones de aportaciones a planes de pensiones y a la inversión  en vivienda. El IRPF es la principal política familiar,
con sesgos de género importantes. Por la deducción por tributación conjunta (3.400 euros a las familias biparentales y 2.150 a las monoparentales en 2007) el Estado ingresó 1.610 millones de euros menos en 2011, y las CCAA una cantidad equivalente: más que el conjunto de prestaciones familiares de la Seguridad Social.
Las desgravaciones del IRPF por hijos/as se hacen en cuota por mínimo personal y familiar según número de hijos o en  cuota para trabajadoras con hijos menores de tres años (igual a las cotizaciones de ella y de la empresa a la Seguridad Social hasta un máximo anual de 1.200 euros). La desgravación por hijo/a es significativamente inferior a la que se aplica por esposa dependiente, es insuficiente para la educación infantil y para el cuidado de hijos/as y es regresiva.
Es imprescindible la universalización de los cuidados y la individualización del impuesto.

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