HACIA LA HUELGA FEMINISTA 8M 2018

El FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA ANTE EL 8 DE MARZO DE 2018.

Desde el año 1910, a lo largo de más de un siglo y a lo ancho del mundo, el 8 de marzo de cada año, millones de mujeres salimos a la calle a defender nuestras reivindicaciones.

Recordamos a las 146 víctimas del incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist de Nueva York en 1911 y a las 1.127 muertas en el incendio en Daca (Bangladés) en 2013, trabajadoras de Benetton, Mango, Inditex, Primark, El Corte Inglés, etc. Pero, sobre todo, valoramos la persistencia y universalidad de la lucha feminista contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres, a la que el Fórum de Política Feminista hemos aportado nuestra inteligencia colectiva y nuestro activismo reivindicativo desde 1987 hasta hoy.

En España el 8 de marzo de 2017 marcó un hito histórico, sumando millones de mujeres en más de medio centenar de ciudades, en las mayores manifestaciones de la historia del Movimiento Feminista en nuestro país, superando incluso las del aborto en 2014 y del 7N de 2015 contra las violencias machistas.

El liderazgo de una nueva generación de feministas muy jóvenes es una de las características de las manifestaciones de 2017, y de la preparación de las de 2018 en el marco de la Huelga Feminista de trabajo remunerado, de trabajo doméstico y de cuidados, de consumo y de estudios.

El Fórum compartimos la protesta contra la discriminación y la violencia hacia las mujeres en esos ámbitos. En el trabajo remunerado, imprescindible para la independencia económica de las mujeres, denunciamos que sólo somos el 45,3% de los 19 millones de personas con empleo en nuestro país, y en cambio somos el 51,5% de los 3,7 millones de personas en paro, y que la desigualdad ha aumentado en el último año, en el que 56.400 mujeres han abandonado la búsqueda de empleo y de los 521.600 empleos creados sólo el 40% han sido de mujeres.

La Tasa de Paro (EPA 3T2017) es del 14,8% en los hombres y del 18,2% en las mujeres, acentuándose la diferencia a partir de los 35 años de edad, lo que muestra la discriminación hacia las mujeres por la maternidad o por la posibilidad de maternidad.

La economía feminista señala que el trabajo doméstico, y en especial el de cuidado de la infancia y de las personas en situación de dependencia, que es imprescindible para la supervivencia humana, no se paga y se asigna, discriminatoriamente, a las mujeres en un 73%, pues según la Encuesta de Empleo del Tiempo dedicamos al hogar y la familia un promedio de 4,04 horas diarias, frente a 1,50 horas dedicadas por los hombres. El 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 de Naciones Unidas es la igualdad de las mujeres, incluyendo reconocer, valorar y repartir los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado “mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social”.

Exigimos el reparto de tareas en casa, pero también en la sociedad, con la reducción general de la jornada laboral, permisos pagados por nacimiento o adopción iguales para mujeres y hombres e intransferibles, y aumento del 27% al 100% de la cobertura de la educación infantil de 0 a 3 años, y que sea pública, ya que sólo el 51.4% de las 443.517 plazas actuales son públicas.

Según datos oficiales, el 30/11/17 había en España 1,7 millones de personas solicitantes de ayuda para levantarse, comer, lavarse u otras funciones de la vida diaria, de las que a 1.263.640, dos tercios mujeres y la mayoría con más de 80 años, se les ha reconocido la situación de dependencia. Pero el 29% de ellas no recibe ninguna atención pública y en los últimos cinco años unas 150.000 personas (90 cada día) murieron esperándola, mientras la prestación mayoritaria (34%) sigue siendo una paguita, menguada, para que siga recayendo su cuidado en las mujeres de su familia o en empleadas de hogar precarizadas, a quienes exigimos se aplique la protección por desempleo y el Convenio 189 de la OIT. Una de cada tres personas desatendidas tiene reconocido el grado II o III de dependencia, es decir, necesita apoyo de 10 h al día en promedio. El recorte acumulado de la aportación del Estado a la Atención a la Dependencia desde el RD-Ley 20/2012 es de 3.734 millones de euros, alcanzando en los Presupuestos de 2017 1.354,81 millones de euros. Exigimos 1.500 millones más del estado y otros tantos de las CC. Autónomas, para atender a todas las personas dependientes con derecho reconocido. Atender a las 350.000 personas en espera –simplemente cumpliendo la Ley- generaría más de 90.000 empleos directos, y liberaría a las cuidadoras familiares, el 83% mujeres.

El 8 de marzo de 2018 exigimos al Gobierno el desbloqueo inmediato del aumento presupuestario de 200 millones (31,7 a 231,7 millones de euros) acordado en julio de 2017 en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, porque si no las 214 medidas serán papel mojado, y que transfiera ya los 20 millones de euros a los Ayuntamientos (para atención jurídica, psicológica y social del art. 19 de la LO 1/2004), los 100 millones de euros adicionales a las CC.AA (para prevención en 8 millones de estudiantes de todas las etapas educativas, sanidad y servicios sociales a mujeres mayores, con discapacidad, migrantes en situación irregular, transexuales y transgénero) y 80 millones de euros más a los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (para mejorar la inserción laboral y/o la protección económica de las mujeres víctimas sin empleo);

Justicia (para establecer unidades de valoración forense integral y adecuar los juzgados); Interior y Educación, Cultura y Deporte. Exigimos la eliminación de la ‘Justicia’ patriarcal en casos como el de Juana Rivas y miles de mujeres, y de la Custodia compartida judicialmente impuesta.

Exigimos que se cumpla la resolución del CEDAW sobre Ángela González Carreño, una sentencia justa en la violación de La Manada, y que la Violencia sexual se combata como violencia machista.

Exigimos el cumplimiento de los compromisos de asilo de 182.504 personas en la UE y 15.888 en España, el 40% mujeres cuyas necesidades específicas han de atenderse en la OAR, la Policía y demás organismos responsables en Melilla u otros puestos fronterizos, el fin de las devoluciones en caliente, recursos adecuados para víctimas de violencia de género, trata, mutilación genital femenina y matrimonios forzoso, así como a personas LGTBI, y el cierre de los CIEs.

Por todo ello exigimos unas políticas públicas que den una cobertura real a los servicios públicos de salud, educación y atención a la dependencia, así como a la defensa de los derechos humanos de las mujeres para evitar y perseguir su vulneración como en los casos de vientres de alquiler, trata y prostitución, mutilación genital femenina.

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