El 17 de octubre, cuando el número de mujeres asesinadas en 2014 asciende a 41, el BOE ha publicado el acuerdo del Consejo de Ministros de ‘criterios de distribución’ de 4,3 millones de euros para garantizar en 2014 la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, que, según el artículo 19 de la Ley contra la violencia de género de 2004 deben organizar las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales bajo los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad, concretada en la atención jurídica, psicológica y social de las mujeres víctimas o en riesgo de serlo y los menores a su cargo.
Lo primero que choca es la fecha ¿Cómo se aprueban en el 4º trimestre los fondos para pagar a las personas profesionales del derecho, la psicología y los servicios sociales que desde hace diez meses están atendiendo a personas reales? Pero además, el cobro de estos atrasos por la aplicación por las Comunidades y Ciudades Autónomas de una ley del Estado, sigue sin entrar en la normalización económico-administrativa, burocratizada y diversificada en el mismo boletín en muchos pequeños proyectos de contenido, plazo y gestión diversos.
Lo segundo es la escasez: con 4,3 millones de euros para pagar 12 mensualidades a tres profesionales en 8.000 municipios resultan 14,93 euros de abogada/o, psicóloga/o o trabajador/a social al mes por municipio. ¿Alguien llama a eso atención permanente, integral, universal y cercana? ¿Dónde están los 3.127 millones para igualdad proclamados por la Ministra Mato el 7 de marzo de 2014?
Y lo tercero y más importante, es que el Estado ni come ni deja comer. Este fondito estatal de 4,3 millones se publica al tiempo que se prohíbe el gasto municipal en políticas de igualdad de las mujeres, estimado por la FEMP (2006) en 71,3 millones de euros. La Ley 27/2013 suprime el artículo 28 de la de Régimen Local, quitando a los ayuntamientos la potestad de hacer dichas políticas, salvo que se las deleguen y financien las Comunidades Autónomas o el Estado. El Ministerio de Hacienda está recabando en este mes de octubre el informe de cada intervención local sobre el coste de servicios, en la perspectiva de cerrar a finales de este año escuelas infantiles, servicios sociales, servicios de igualdad y puntos de atención a la violencia de género… si la ciudadanía no lo impide.
La atención y prevención de la violencia de género no puede ser sólo en los juzgados, como revelan el descenso de las demandas, órdenes de protección y sentencias, y como obliga el Convenio de Estambul publicado en el BOE del 6 de junio de 2014. La atención social integral de proximidad no puede retroceder.
Las elecciones municipales de 24 de mayo de 2015 no se pueden limitar a decidir la contrata de basuras de nuestro ayuntamiento, una institución que, como representante de sus ciudadanas y ciudadanos, tiene que poder hacer política para priorizar y gestionar nuestras diversas necesidades e intereses.
El Taller celebrado por el Fórum de Política Feminista el 17 y 18 de octubre 2014 ha abordado la violencia de género a la vez que el impacto de género de los Presupuestos del Estado 2015, en especial de la reforma de impuestos que determinará su alcance. Son dos temas habitualmente percibidos como inconexos, pero interdependientes si vemos la violencia de género como manifestación extrema de desigualdad material y de poder entre mujeres y hombres, y si exigimos concreta y constantemente al Estado que cumpla su principal función legítima: garantizar la igualdad de derechos y redistribuir los recursos para hacerla efectiva.
Madrid 22 de Octubre de 2014