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EL FÓRUM DE POLÍTICA FEMINISTA
ANTE LAS ELECCIONES EUROPEAS DE 25 DE MAYO 2014
POR LA IGUALDAD Y LA DEMOCRACIA, CONTRA EL AUSTERICIDIO
Primeras notas basadas en “Una lectura feminista del austericidio” de Lina Gálvez. XXIII Taller de Política Feminista
Un fantasma recorre el mundo: el recorte del gasto público social, la precarización del empleo, la privatización de beneficios y la socialización de pérdidas de la burbuja financiera se disfraza de valor moral bajo el nombre de “austeridad”, teóricamente para combatir la crisis económica iniciada en 2007-8. Afecta en 2013 a 5.800 millones de personas, el 80% de la población mundial, con minoritarias excepciones en algunos países asiáticos y latinoamericanos, y algún europeo como Islandia. La Unión Europea ha olvidado su “modelo social”, y traza su Estrategia 2020 sobre el neoliberalismo austericida, pese a que la experiencia histórica de los años veinte y treinta del siglo XX y la más reciente de las crisis de los noventa y dos mil demuestra que las políticas de austeridad no sacan a los países de la recesión ni mejoran su deuda, pero sí desbocan la desigualdad, derrumban los indicadores de bienestar social, salud (como la terapia de shock impuesta por el FMI a Rusia en los años noventa, que en apenas un lustro bajó en dos años la esperanza de vida masculina), educación, sustituyen las democracias por poderes sin legitimidad ni apoyo social, y producen, en definitiva, gran sufrimiento de las personas.
“La austeridad se mantiene como una ideología inmune a los hechos y a la básica refutación empírica. Es por eso, que se mantiene, independientemente de cualquier y de toda evidencia contraria a ella, como una idea muy peligrosa” (Blyth 2013). A lo que habría que añadir… especialmente para las mujeres.
La palabra “austeridad” culpabiliza de la crisis a la sociedad y a la deuda “pública”. Es la nueva denominación de las políticas neoliberales a la ofensiva desde los años ochenta, que en la crisis se presentan como respuesta a lo que ellas mismas han causado. Aparentan que los altos volúmenes de deuda pública (en realidad motivados porque se ha asumido como pública la deuda privada y sus intereses y por la caída de ingresos por impuestos) se deben a pensiones y servicios públicos de sanidad, educación, atención a la dependencia “por encima de nuestras posibilidades”.
Siendo las mujeres la mitad de la población, para la que subsisten estereotipos de distinción e inferiorización, el neoliberalismo hace una relectura de nuestro papel en el mercado y en la vida doméstica, en la esfera pública y en la privada, girando de las políticas de igualdad, a las de vuelta al hogar, para suplir los cuidados que el Estado deja de prestar a la infancia y los mayores en situación de dependencia, para paliar la exclusión y el conflicto social. Aunque los cuidados nunca han salido totalmente del espacio doméstico, en las últimas décadas los estados se corresponsabilizaron de ellos a través de las políticas de bienestar y las políticas de igualdad, con resultados e impulsos desiguales. Ahora el feminismo y la reivindicación de las políticas de igualdad de género se silencian o se rechazan como uno de los lujos que no podemos permitirnos, con medidas económicas e ideológicas, como la reforma laboral y la de las pensiones[1], la demolición del sistema universal de atención a la salud implantado y de atención a la dependencia en proceso de implantación, la imposición de la educación separada, la eliminación de la educación para la igualdad y del derecho al aborto.
Los efectos de la austeridad en las economías, en la salud y el bienestar de las personas se perciben más por casos esporádicos difundidos por los grandes medios de comunicación que por indicadores generales que configuren la opinión pública, la protesta social y la alternativa política, de las que el análisis, alternativas y estrategias feministas deben formar parte.
La mayor parte de las mujeres sufrimos un triple perjuicio por estas políticas: por el sesgo de género de la precarización del empleo y la reducción del ingreso de los hogares, en particular los monomarentales, por la imposición de la sustitución con trabajo doméstico no pagado de los recortes en prestaciones y servicios públicos y porque, en lo político, la re-privatización de los cuidados y nuestra “vuelta a casa” conlleva el traspaso de la responsabilidad pública a la privada, la reducción de la esfera pública y de los espacios de deliberación y reparto colectivos, la pérdida de control social sobre las decisiones políticas, de democracia.
Por el contrario, estas políticas están favoreciendo a las entidades financieras, que se lucran con el incremento de la deuda pública, y a la oligarquía político-económica que conforma ese 1% de la población que se apropia del 90% del incremento anual del ingreso.
Tanto es así que se ha comenzado a hablar de austericidio por lo dañina que resulta para la economía, para la democracia y para el grueso de la población, y muy especialmente para las mujeres, con la inestimable ayuda, en el caso de la Eurozona, de las instituciones poco democráticas que ha desarrollado la Unión Europea especialmente a raíz del Tratado de Maastricht en 1992.
El desigual efecto de género de las crisis y de las políticas deflacionistas y ahora de austeridad sobre el bienestar de las personas tienes múltiples causas y consecuencias, que afectan en el empleo:
– al papel amortiguador o de reserva flexible, según el concepto marxista de ejército de reserva
– a la segregación ocupacional
– a la sustitución.
La intensificación del trabajo de las mujeres. Uno de los efectos palpables de esta recesión es la intensificación del trabajo de las mujeres, tanto por su incorporación o mantenimiento en el mercado de trabajo, como en lo relativo al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. La resistencia de las mujeres en el mercado laboral ha hecho que la brecha de género en la actividad se reduzca en la Unión Europea de 15,7 en 2007 a 13,5 en 20]. Aunque, a nivel mundial, un promedio del 10% de caída en el PIB del país conlleva un aumento de 0,34 puntos en la participación de las mujeres en la fuerza laboral, existe una considerable heterogeneidad en las respuestas de las mujeres dependiendo de su nivel educativo, clase social o edad.
Si la tasa de actividad femenina se igualara a la masculina el PIB de la EU aumentaría un 12,4%.
Al incremento de la actividad hay que sumar el aumento de la economía informal, con bajos salarios y sin seguridad social, y del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, pues los hogares sustituyen el recorte de gasto público en servicios sociales y de cuidados mediante un incremento en el trabajo no remunerado de las mujeres, como sustitutas “naturales”. Entre 2010 y 2011, por ejemplo, han disminuido la tasa de cobertura de escolarización de niñas y niñas entre 3 y 6 años en la Unión Europea y las políticas de conciliación a través de la corresponsabilidad: horarios flexibles y jornadas más cortas en las empresas o políticas que supusieran avances hacia permisos de paternidad iguales y no transferibles.
Al deterioro o encarecimiento de los servicios sociales hay que añadir la caída de las rentas familiares, que también supone la sustitución de bienes y servicios comprados por los producidos por trabajo doméstico.
El aumento de la carga de trabajo no remunerado para las mujeres disminuye nuestra disponibilidad de tiempo, energía, movilidad y dinero para formarnos, reciclarnos, buscar o mantener un empleo y ejercer nuestros derechos a la igualdad económica, la salud física y síquica, la participación política y social y el tiempo libre.
Por las medidas de austeridad el Estado recorta, encarece con tasas y copagos y privatiza total o parcialmente los servicios, aumentando las desigualdades sociales y de género, y externaliza sus responsabilidades de cuidar previamente adquiridas dando por hecho que las familias –las mujeres- las asumirán porque nunca han dejado de asumirlas.
b) La privatización de la responsabilidad sobre la vida. La estrategia de re-privatización de los cuidados forma parte de una estrategia general de privatización, de sustitución de la responsabilidad pública por la privada, que, cuando no hay negocia, se hace por el trabajo doméstico no pagado. Se excluye la cuota de cuidados sometida a la esfera política democrática, se invisibilizan los conflictos generados por la desigualdad de género.
En ese marco hay que entender el fomento del autoempleo y la “empresarialidad” en el mundo de la austeridad. Las mismas autoridades que imponen los recortes presentan “el emprendimiento” y el autoempleo como una salida general al desempleo “voluntario”, traspasando la responsabilidad del Estado y del empresariado por las altas tasas de paro a las propias personas paradas, ignorando las verdaderas dimensiones de experiencia, capacidad, estructura y financiación que se requiere.
Ya con anterioridad al estallido de la crisis financiera el acceso al crédito de las mujeres era minoritario: en 2004 sólo al 3% de los créditos bancarios en el mundo (en España, el 4% como primer titular y el 2% como único titular).
La implícita mayor tolerancia política al paro femenino se manifiesta en el concepto de “paro de los hogares”, el fomento del tiempo parcial feminizado y precarizado y las ayudas a sectores como la construcción o la automoción que prácticamente solo contratan a hombres, unido a la constatación de que una vez terminada las crisis, el empleo masculino se recupera siempre antes que el femenino.
La UE tiene un doble lenguaje: a la vez que su estrategia de igualdad pretende equiparar a mujeres y hombres en el empleo y los cuidados, empuja la reducción de empleo público, ampliamente feminizado, y sus posibilidades de recuperación futura.
Las reformas de las pensiones también traspasan la responsabilidad del estado al individuo. La retórica del gasto y de la sostenibilidad está sirviendo justifican una reducción de las pensiones públicas y un fomento, con grandes exenciones tributarias, de los fondos de pensiones privados. Cualquier modelo que prime la capitalización frente al reparto o que se base en la contribución de las empresas implica aún mayores desigualdades y pobreza de las mujeres mayores actuales y futuras.
c) El “precariado”. La desregulación laboral del empleo, el recorte de la protección social y el retroceso en su universalización, por ejemplo en la atención sanitaria, regresando a su vinculación a la cada vez más difícil la participación en el mercado de trabajo con derechos. Así, las diferencias en los ingresos y trabajos de marcada segregación por sexos, como el de las empleadas de hogar, son reforzadas por los modelos de bienestar. Cuando la recesión avance hacia la recuperación, pueden ocurrir procesos de sustitución de género. En el Reino Unido por ejemplo, el 92% de todo el empleo perdido en finanzas y seguros fue femenino, y es sustituido, ahora que recupera empleo, mayoritariamente por masculino.
El trabajo a tiempo parcial reproduce e incrementa los estereotipos de género. Según la OIT (2012), entre 2007 y 2011, el paro masculino aumentó en 15,9 millones de personas en el mundo, superando el incremento de 10,7 millones del paro femenino, debido en gran parte a la centralidad y masculinización del sector de la construcción. En la primera fase de la crisis y en los países más desarrollados, la brecha de género en las tasas de desempleo se ha incrementado con respecto a hace 10 años (¿). En España, el tiempo parcial ha crecido durante la crisis, pasando de suponer el 7% al 8,4% de los hombres ocupados, de 2007 a 2012. Pero el tiempo parcial sigue siendo principalmente femenino -pasando de suponer el 30,8% de los empleos de mujeres en 2007 al 32.1% en 2012- e involuntario para el 39% de los hombres (al 30% en 2007), y el 24% de entre las mujeres (20% en 2007). La sombra de los mini-jobs planea sobre Europa.
El empeoramiento de las condiciones y rentas del trabajo está íntimamente ligado al aumento de la pobreza, y ya se habla de pobreza con empleo. En España el porcentaje de mujeres en riesgo de pobreza después de transferencias sociales se ha elevado desde un 20,9% en 2007 hasta un 22,4% en 2011, en comparación con un 17,6% de las mujeres en la EU-27 y un 21,1% de los hombres. El ligero descenso en la brecha de género de riesgo de caer en la pobreza de 3 puntos en 2007 a 2,2 en 2011 no refleja la mejora de las mujeres, sino el empeoramiento mayor de los hombres, lo cual no quita que el perfil de la persona pobre siga siendo una mujer mayor y/o sola con responsabilidades familiares.
d) Estereotipos y otras desigualdades. Todos los riesgos anteriores van unidos a un tratamiento esencialista de la mujer como madre, instrumentalizada y cosificada como apéndice de otros y no como persona con plenitud de facultades y derechos.
La violencia machista encuentra su caldo de cultivo en los estereotipos de desigualdad, inferioridad y dependencia, recrecidos por el recorte de las políticas de igualdad, y de las de prevención y atención a la violencia.
Los datos de la Unión Europea muestran una correlación positiva entre tasas de actividad femenina y tasas de fecundidad, y España tiene una de las tasas más bajas tanto de actividad laboral (53,41%) como de fecundidad (1,35 niños por mujer), que además ha bajado más de un 3% cada año. El miedo a no poder criar adecuadamente a las hijos e hijas que se dese tener no es injustificado. La pobreza que más ha aumentado en España durante la crisis ha sido la infantil, privando a la sociedad y a los niños y niñas de salud, educación, nutrición, ocio, etc., que no podrán recuperar en la edad adulta. Todos los estudios demuestran que las condiciones de los niños y las niñas mejoran más que proporcionalmente cuando las madres tienen ingresos propios.
La vuelta al hogar que incentivan las políticas de austeridad no funcionará igual para todas las mujeres, ni en todos los países, por la diferente especialización productiva y las cualificaciones adquiridas por las mujeres. Los niveles de educación que tienen hoy en día las mujeres –el 60% de las tituladas universitarias en los países de la OCDE-, y las políticas de igualdad de oportunidades, y también el peso de las hipotecas, difícilmente asumibles con un solo salario, están produciendo un cambio en las actitudes y comportamientos de las mujeres, como los pactos con sus parejas para el reparto del trabajo doméstico o la permanencia en la búsqueda de empleo pese a las altas tasas de paro, lo que puede llevar al traste a las políticas gubernamentales de “vuelta al hogar” y desmantelamiento de los servicios sociales, sanitarios y educativos.
CONCLUSIONES
Si no hay un cambio de modelo, de esta crisis saldremos con más desigualdad de género y también con mayor desigualdad entre las propias mujeres, lo que dificultará el establecimiento de una agenda de mujeres y feminista. No en vano, el modelo neoliberal se sustenta en un fortalecimiento de la segregación y la fragmentación social y en la ruptura de lazos de encuentro y solidaridad, que agudiza relaciones jerárquicas, como el régimen patriarcal.
Las políticas de austeridad están suponiendo una reprivatización de los cuidados al tiempo que limitan las oportunidades laborales, especialmente para las mujeres. El Estado se inhibe de los cuidados de las personas dependientes y las independientes, y para volver a endosárnoslas a las mujeres en casa impone normas y mensajes que ensalzan la maternidad, la vuelta a la familia y a la tradición. La austeridad está expulsando el discurso feminista del centro de las políticas públicas como algo costoso, antipático y contrario a una ciudadanía que asume la austeridad para redimir su culpa de “haber vivido por encima de nuestras posibilidades” y encaja como propia, como pública o de todos la deuda de los bancos.
Las medidas de política económica neoliberales favorecen la desigualdad de género, priman al capital sobre el trabajo con derechos conquistados en dos siglos y minan la democracia, tanto reprimiendo las protestas como manipulando la percepción de la realidad colectiva.
Reviven una visión conservadora de la sociedad en la que las mujeres son principalmente madres y cuidadoras. La austeridad es una excusa para implantar una legislación anti-igualitaria, de la misma forma que el terrorismo fue el pretexto para la aventura militarista, la islamofobia, el racismo y el respaldo a los regímenes autoritarios. La emergencia del momento se contrapone a la cultura de la primacía de los derechos humanos, incluyendo el derecho de las mujeres a la igualdad.
Es en ese contexto de crisis tan profunda y sistémica (que por definición no admite soluciones que lo mantengan intacto) en el que se abren paso las propuestas de la economía feminista que pasan por el análisis y las alternativas de desarrollo de la actividad económica centradas en las personas y en su buen vivir, que comportan un cambio radical de la concepción y gestión de “lo económico”.
[1] Las jubiladas españolas ganan como promedio una pensión mensual de 652,07 € (la de los hombres es de 1.057,36 €) y las mujeres representan el 81% de personas que reciben una pensión no contributiva, la cual asciende a solo 364,90 € al mes. La brecha de género de las pensiones media en la UE, el 39% es más del doble de la brecha salarial que es de 16%.
[2] Según la Encuesta de Estructura Salarial en 2010, el 69,5% de las asalariadas en España (30,4% de los hombres) ganaban como máximo el salario mínimo interprofesional. En la Unión Europea, la brecha salarial de género ha descendido de 17,3% en 2008 a 16,2% en 2011, por la mayor presencia femenina en el sector público, el aumento de sus estudios y cualificación y la mayor pérdida de empleo de los sectores masculinos, hasta ahora.
