ANTE LA NUEVA PROPOSICIÓN DE MODIFICACIÓN DEL DERECHO AL ABORTO
 La Asamblea general del Forum de Política Feminista, reunida el 11 de abril de 2015, aprueba una resolución de rechazo por entender que atenta contra EL DERECHO a decidir de las menores sobre su embarazo y llamamos a una amplia movilización social para evitar que esta medida salga adelante.

El Fórum de Política Feminista denuncia que, a punto de finalizar la legislatura, y no resignado al fracaso de la Ley Gallardon, el PP ha presentado una ‘Proposición de Ley Orgánica para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo’ que usa un derecho de las mujeres como mercancía para el sector integrista de su electorado.

Ignorando que las leyes deben reflejar la voluntad general, que se ha expresado claramente por el derecho de cada mujer a decidir su maternidad, y que las estadísticas oficiales revelan que con la ley de plazos el número de abortos  bajó en 2013 a 108.690, un 3,3% menos que en 2012, que la proporción de abortos de menores de  20 años también bajó, del 12,95 al 12,23%, y que el 90% de las menores de 16 y 17 años que abortan informan a sus padres, el PP presenta la escueta proposición que publica el Boletín del Congreso de Diputados de 27.03.15 basándose en su insostenible opinión de que las para las mujeres de 16 y 17 años la maternidad no es su derecho y responsabilidad, sino la de sus padres o tutores.

La proposición tiene dos artículos, el primero, que elimina el artículo 13.4 de la Ley de aborto de 2010, y el segundo, que modifica el apartado 4 del artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente.

El artículo 13.4 de la Ley de aborto vigente establece:
“En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo les corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen general aplicable a las mujeres mayores de edad.
Al menos uno de los representantes legales, padre o madre, personas con patria potestad o tutores de las mujeres comprendidas en esas edades deberá ser informado de la decisión de la mujer.
Se prescindirá de esta información cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo.”

Y el artículo 9.4 de la Ley de autonomía del paciente establece actualmente, para todas las actuaciones sanitarias, que “cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación” de sus padres o tutores, sino el suyo propio. La proposición del PP pretende introducir, como excepción, que “Para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso, además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso, los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales, se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil”, es decir, por un largo procedimiento judicial paralelo a la gestación, peor aún que el artículo segundo de la Ley Gallardón, que pretendía añadir al artículo 748 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, un punto 8, estableciendo un procedimiento más breve de 9 días, contra el que protestaron, además de las mujeres, los profesionales sanitarios y jurídicos a los que comprometía.

En vísperas de tres procesos electorales, cuando en la débil recuperación económica crece la discriminación de las mujeres, el PP sólo nos ofrece parir y sustituir con nuestro trabajo doméstico no pagado el cuidado de la infancia y otros familiares en situación de dependencia recortado en los servicios públicos.
Por todo ello, el Forum de Política Feminista rechaza cualquier reforma regresiva del aborto y de los derechos de las menores a decidir sobre su embarazo, y llamamos a una amplia movilización social para evitar que esta medida salga adelante.