Fórum de Política Feminista apoya a la huelga general del 11 de noviembre porque defender unas condiciones de vida dignas es también defender los derechos, la autonomía y la libertad de las mujeres. Sin vivienda asequible, salarios dignos, ni recursos para los derechos sociales, no hay igualdad ni libertad para las mujeres.

El encarecimiento de la vida, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la precariedad laboral y las dificultades para acceder a una vivienda digna afectan el conjunto de la clase trabajadora, pero tienen un impacto específico sobre las mujeres, que continuamos sufriendo desigualdades salariales, mayor precariedad, más parcialidad en la ocupación y una distribución injusta de las responsabilidades de cuidados.

En relación con los salarios, no podemos obviar la brecha salarial entre mujeres y hombres: Las mujeres cobran de media entre un 15% y un 20% menos que los hombres.

Trabajar tiene que garantizar una vida digna y una independencia económica real. Por eso exigimos a la patronal una negociación colectiva real y leal que garantice la subida salarial necesaria que permita no perder poder adquisitivo, que acabe con la parcialidad en el empleo de las mujeres y que implique políticas de empresa encaminadas a la conciliación.

Exigimos a los gobiernos (actual y el que salga de las urnas) un incremento del SMI, de los salarios en el empleo público, de las pensiones, y del IMV acorde a la subida del coste de la vida y que permita el acceso a la vivienda.

Es imprescindible combatir la brecha salarial, la feminización de la pobreza y la precariedad que afectan especialmente los sectores laborales más feminizados, sin olvidar la diferencia desproporcionada de las pensiones con los hombres un 31,2% inferior.

La vivienda es también una cuestión prioritaria para las mujeres.  Las dificultades de acceso presentan una mayor incidencia entre las mujeres (55% frente al 44,6% de los hombres).

Al tener salarios y pensiones inferiores, las mujeres —especialmente en hogares monomarentales— destinan un porcentaje mucho mayor de sus ingresos mensuales a pagar el alquiler o la hipoteca, aumentando su vulnerabilidad. El 60% de los hogares con una mujer al frente queda por debajo del umbral de la pobreza tras pagar el alquiler.

Los desahucios y la exclusión residencial en España afectan mayoritaria y desproporcionadamente a las mujeres. El 70% de las personas afectadas por procesos de desahucio en España son mujeres y de ellas casi la mitad son familias monomarentales (datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Instituto de las Mujeres).

Los alquileres inasumibles dificultan la emancipación de las jóvenes, agravan la vulnerabilidad de las mujeres mayores y de las familias monomarentales y pueden condenar muchas mujeres a situaciones de dependencia económica. Reclamamos vivienda digna, pública y asequible, protección ante desahucios y alternativas residenciales efectivas para quienes las necesiten, particularmente para mujeres consideradas de alto riesgo, afectadas por la violencia machista.

Las mujeres migrantes trabajadoras afrontan obstáculos añadidos para acceder a una vivienda, incluso para alquilar una habitación, por los requisitos abusivos de muchos propietarios, la falta de contratos de trabajo regulares o las exigencias de avales familiares a los cuales no pueden recurrir. Esta exclusión afecta especialmente las trabajadoras del hogar y de los cuidados, muchas de las cuales se ven obligadas a vivir en el mismo domicilio donde trabajan. Esta situación puede incrementar el aislamiento, facilitar un control excesivo por parte de quien las contrata y agraviar la dependencia económica y administrativa. Garantizar el derecho a la vivienda también es garantizar condiciones laborales dignas, autonomía personal y protección ante los abusos, sin que el origen o la situación administrativa se conviertan en factores de exclusión.

Todas estas desigualdades son especialmente graves para las mujeres que sufren violencia machista. Sin ingresos propios, recursos suficientes y una vivienda segura, abandonar al agresor puede resultar mucho más difícil. Ninguna mujer tendría que elegir entre continuar conviviendo con quién la maltrata o quedarse sin techo. Garantizar una salida segura de la violencia exige protección integral, asesoramiento jurídico de proximidad, a ser posible en el propio municipio, atención psicológica porque la violencia machista también afecta a la salud mental.

También reclamamos un sistema público de cuidados suficiente, universal y de calidad, que garantice la atención a la dependencia y a la infancia, y que no continúe descargando sobre las mujeres la responsabilidad principal de cuidar.

El 35,6% de las personas dedicadas a las labores del hogar y cuidados está en riesgo de pobreza o exclusión y el 86,8% son mujeres. El 75% de las personas que trabajan a tiempo parcial en España son mujeres y el motivo principal es el tener que asumir las tareas de cuidados. Más del 80% de las excedencias solicitadas por cuidado de familiares siguen siendo pedidas por mujeres

Hay que avanzar en la corresponsabilidad, garantizar servicios públicos accesibles y asegurar que cuidar no implica perder el salario, oportunidades profesionales ni la independencia económica.

Exigimos residencias públicas de calidad, para las personas mayores con pensiones pírricas. Exigimos políticas públicas corresponsables que permitan a las mujeres ser libres para decidir sobre su vida.

La igualdad real exige, combatir todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, garantizar la igualdad efectiva en el trabajo y proteger especialmente las mujeres que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Por todo esto, Fórum apoya la huelga general del 11 de noviembre y hace un llamamiento a participar en las movilizaciones. Porque las reivindicaciones sobre salarios, pensiones, precios y vivienda también son reivindicaciones feministas cuando denuncian unas desigualdades que condicionan nuestras vidas y limitan nuestros derechos.

Porque queremos salarios para vivir, viviendas donde vivir con dignidad, servicios públicos que nos cuiden y tiempos para vivir. Porque ninguna mujer tiene que depender económicamente de nadie para ser libre. Y porque sin autonomía económica, sin corresponsabilidad en los cuidados y sin vidas libres de violencia no hay igualdad real.