Puede parecer que la violencia estructural que sufrimos las mujeres es una prioridad del Gobierno, no obstante, según ha puesto de manifiesto en su memoria anual la Fiscalía General del Estado, se habían detectado, desde hacía tiempo, fallos e incidencias en los dispositivos de seguridad de las mujeres, como la manipulación no detectada de las pulseras, fallos en la geolocalización de las mujeres y de los agresores, pérdidas de señal o cobertura, así como problemas de batería, escasez de dispositivos y otros errores técnicos. Hay que recordar que los dispositivos telemáticos se instalan solamente por resolución judicial y suele hacerse en aquellos casos donde el riesgo que tiene la mujer de sufrir una nueva agresión es bastante alto, por lo que el fallo en dichos dispositivos ha supuesto una desprotección y revictimización de las mujeres, así como el sobreseimiento y la absolución de agresores, sin que se sepa exactamente por parte de los organismos responsables cuántas mujeres han podido verse afectadas por dichos fallos.
Aunque el fallo en los dispositivos es el que más ha llamado la atención por su gravedad, parece que no es el único fallo del sistema de protección a las mujeres. La falta de formación especializada de las personas encargadas de la gestión y la sobrecarga de trabajo han sido puestas de manifiesto por parte del personal de la empresa adjudicataria.
Desde el Fórum de Política Feminista, venimos reivindicando que:
1) La lucha por la erradicación de las violencias machistas debe ser una prioridad en la agenda política.
2) Se necesitan recursos económicos y humanos suficientes.
3) Se requiere formación especializada de todo el personal involucrado en la atención a las mujeres víctimas y a sus hijas a hijos.
4) La protección y asesoramiento a las mujeres no puede estar en manos de empresas privadas. La Prestación de un servicio tan importante y sensible (porque está en juego la vida de las mujeres y sus hijas e hijos) no puede estar en manos de empresas privadas, que lo que buscan es el máximo beneficio. Al igual que no está externalizado el servicio de policía local ni otros servicios que se consideran esenciales para la ciudadanía, la protección a las mujeres debe tener el mismo tratamiento y ser cubierto por empleadas/os públicos.
5) Los sistemas de protección deben llegar a todas las mujeres que lo necesiten, con independencia de que vivan en zonas urbanas o rurales.
6) Las mujeres con un dispositivo de seguridad deben contar con una supervisión de calidad, en tiempo real y sin demora
7) La lucha contra la violencia hacia las mujeres no se puede utilizar como arma política. Recientemente, todos los grupos parlamentarios, con la excepción de VOX se han comprometido con un nuevo Pacto de Estado contra la violencia. Este compromiso debe servir para no escatimar esfuerzos e intensificar el compromiso en la erradicación de las violencias, con los recursos necesarios y de calidad, y que los mismos lleguen a todas las mujeres que los necesitan. Basta de hacer ruido con nuestra vida y seguridad.
Es necesario que las mujeres confiemos en el sistema pero, para ello, necesitamos confiar en que el sistema nos protege.
Por todo lo anterior, exigimos:
– Asunción de sus obligaciones por parte de las personas e instituciones responsables.
– Que la prestación de todos los servicios relacionados con la violencia (sistemas de seguridad, casas de acogida, centros de emergencia, puntos de encuentro familiar, servicio de atención a las víctimas, etc.) sea asumido por personal especializado de la administración.
– Formación de calidad a todo el personal relacionado en la prevención de las violencias machistas
– La auditoría externa y transparencia en toda la gestión, para conocer realmente al alcance de los fallos del sistema de protección y el impacto que ha tenido en la vida de las mujeres.
– Justicia y reparación del daño a las mujeres que haya sido provocado por los fallos de sus dispositivos.
A 30 de septiembre de 2025
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